La sentencia señala que, de acuerdo con la legislación comunitaria, los Estados miembros pueden reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal si acreditan que, sin tal reserva, se impediría la prestación de ese servicio universal, o que dicha reserva es necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.

El caso se remonta a 1999, cuando la secretaría general de Comunicaciones del Gobierno impuso a International Mail una multa de 10 millones de pesetas y le exigió que se abstuviera de ofrecer los servicios reservados a Correos al considerar que la empresa estaba vulnerando la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.